Otro defensor del agua fue detenido por movilizarse contra la minera San Jorge

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En Mendoza, la persecución contra las asambleas en defensa del agua y sus miembros sigue en aumento. Ayer, Federico Soria, activista ambiental, fue detenido tras presentarse a una audiencia judicial. Es la segunda persona encarcelada en este contexto, en medio de una escalada de criminalización impulsada por la minera San Jorge y el gobierno de Alfredo Cornejo.

“La denuncia es completamente falsa”, afirmó Soria en diálogo con Radio La Mosquitera, antes de ingresar a la audiencia. Según explicó, el denunciante modificó su testimonio en cuatro oportunidades, sin aportar testigos ni pruebas. “Esta causa está totalmente armada, hay una bajada de línea clara”, denunció.

El activista también vinculó su detención con otros hechos recientes. “Estamos investigando el incendio, que entendemos fue un atentado de falsa bandera. Las personas que lo perpetraron y sus familiares son afiliados a la Unión Cívica Radical”, aseguró.

Además, denunció que la persecución no solo proviene del gobierno provincial, sino también de la Administración de Parques Nacionales. “Lo hacen por cuenta y orden de Minera San Jorge, porque la empresa es colindante al Parque Nacional Leoncito, donde trabajo. Esta causa busca amedrentarnos, encarcelarnos y desarticular la Asamblea mediante el miedo”, enfatizó.

En medio de la audiencia judicial, la fiscalía pidió un cuarto intermedio y aprovechó la pausa para detener a Soria, quien sufrió una descompensación. Su abogado, Alfredo Guevara, cuestionó el procedimiento y denunció arbitrariedades.

“El Ministerio Público Fiscal debe actuar dentro de la ley. No se puede privar de la libertad a una persona si no hay necesidad de hacerlo”, sostuvo. Y agregó: “Como no tenían argumentos para responder nuestras objeciones, pidieron varios cuartos intermedios hasta que finalmente usaron uno para proceder a la detención de mi defendido, que encima se descompuso durante la audiencia”.

Otro de los abogados defensores, Marcelo Romano, advirtió sobre las implicancias del conflicto y señaló que la lucha de los activistas beneficia a toda la población.

“Los chicos de Uspallata están defendiendo el agua de todos. El proyecto San Jorge ganó un juicio en 2020 y la ley 7722 no se aplica en su caso. Esto significa que tienen autorización para utilizar sustancias tóxicas contaminantes”, alertó.

Para este martes 1 a las 19 se convoca a un ‘ruidazo’ en apoyo a los dos detenidos, para reivindicar la lucha en defensa del agua y en contra de la persecución judicial por defender los bienes comunes. La audiencia continuará el próximo jueves 3 de abril.