Organismos denunciaron ante la CIDH los recortes en políticas de Memoria, Verdad y Justicia

En otra de las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno nacional reivindicó los recortes en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y en distintas áreas del Estado que trabajaban esas temáticas.

La audiencia tuvo la participación de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei, Alberto Baños, negó la acusaciones y dijo que los reclamos de los organismos son “presiones ideológicas”.

“Aquí de lo que se trata es de generar una situación de abandonaron la memoria, los sitios de la memoria, hablan de negacionismo, en realidad es pretender dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de la que el Estado hace honra y no cede ante esas presiones ideológicas”, expresó durante la audiencia en Washington.

Por su parte, Paula Litvachky, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció el desfinanciamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia, los despidos y el cierre de organismos.

“Atravesamos un momento de ruptura que amenaza década de compromiso con la memoria, verdad y justicia. La decisión de cancelar estas políticas forma parte del programa de gobierno anunciado desde la campaña electoral. Ahora en la gestión estas promesas se traducen en embates concretos, desfinanciamiento, cierres de líneas de trabajo, despidos, vaciamiento de instituciones, incluso la puesta en venta de sitios de memoria. Discursos oficiales reiteran formas de la reivindicación de la represión clandestina e ilegal y la impugnación del proceso de memoria verdad y justicia”, completó.

Luego indicó que desde el gobierno nacional “elogian los indultos a las cúpulas militares”, “se señala el proceso de justicia como una campaña contra las fuerzas armadas” y “se celebran reuniones políticas con condenados por tortura y asesinatos masivos”. Por eso, Litvachky consideró que “nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”.

En el final de la audiencia, Tati Almeyda, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pidió que la CIDH visite la Argentina “para que puedan comprobar en persona todo lo que hemo dicho. Vengan para que ustedes comprueben personalmente que todo lo que hemos denunciado es la verdad”.

“Hoy sentimos que nuestra labor está siendo agredida por un gobierno que no cree en los valores de lo derechos humanos”, añadió.