Comunidades en riesgo de desalojo

La comunidad Huarpe Salvador Talquenca se enfrenta a un nuevo intento de desalojo, entre otras cosas por la derogación de la Ley 26.160, norma que desde el año 2006 suspendía los desalojos de comunidades originarias y reconocía la posesión ancestral de la tierra. 

El conflicto se originó en el 2012 cuando parte del territorio de la comunidad fue rematado judicialmente, aunque en ese entonces se logró frenar gracias a la ley nacional. 

La derogación de la misma, en diciembre pasado por decreto del Gobierno Nacional, encendió nuevamente las alarmas.

“Es fruto de todas las políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional, políticas que dejan de lado, denostan todo lo que es el derecho indígena, el derecho de las comunidades”, dijo  Ariel López, representante legal de las comunidades. 

La Ley 26160 se prorrogaba año a año, a finales del mes de diciembre del año pasado, por decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno Nacional decide derogar la ley.

En ese sentido Lopez destacó que quedan indefensas muchísimas comunidades que estaban en la misma situación que la comunidad Huarpe. 

El territorio en disputa abarca 9.000 hectáreas, ubicadas en una zona donde convergen la provincia de San Luis, San Juan y Mendoza. Es una zona muy árida, con muchas dunas, donde se hace un esfuerzo enorme para vivir.

La actividad principal es la cría de animales caprinos, algo que requiere de gran extensión territorial por la escasez de pasturas.

Uno de los puntos claves del reclamo de la comunidad tiene que ver con su forma de habitar el territorio. Hay un sentido de propiedad comunitaria, no hay alambrados entre familias, los animales circulan libremente entre aguadas que son de uso común.

Cuando alguien viene, alambra y se apropia de parte del territorio rompe ese equilibrio, afecta la vida cotidiana y pone en riesgo el sustento de toda la comunidad. 

Esta situación excede a los tribunales, hace falta voluntad política, además se hace especial énfasis al vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como parte de este retroceso de derechos y su actual gestión, que en lugar de sentarse a dialogar con los pueblos originarios, dialogan con quienes se dicen ser propietarios de la tierra. 

Si bien las cuestiones judiciales son importantes, y este fallo y la resolución que estamos esperando es importante, la solución tiene que ver con políticas públicas o miradas políticas que puedan ver este problema y que lo puedan resolver de forma definitiva y no estar cada tanto teniendo que acudir a la justicia en forma permanente para que estas familias de las comunidades puedan vivir tranquilos.

Además Lopez aseguró que el INAI funciona en contra de sus principios: “surgió para atender a las comunidades, para hacer relevamientos, para respetar sus posesiones y para buscarles la vuelta, para llegar en algún momento a otorgarles la propiedad comunitaria a las tierras”.